REVISTA VÍA SALUD Nº39 2007

Hace más de quince años, el New England Journal of Medicine publicó los resultados de un estudio diseñado con el propósito de conocer la incidencia y la naturaleza de eventos adversos ocurridos a pacientes hospitalizados (1-2), en Estados Unidos. Los autores, basados en la revisión de treinta mil historias clínicas escogidas al azar, encontraron que hay “una cantidad importante de lesiones inflingidas a pacientes por la atención médica, y muchas de estas lesiones son el resultado de atención sub-estándar”, y concluyeron diciendo que “la reducción de estos eventos requerirá identificar sus causas y desarrollar métodos para prevenir el error o reducir sus consecuencias”. Varios años después, en 1999, la comunidad mundial se enteró de que sólo en Estados Unidos ocurren entre 44.000 y 98.000 muertes anuales a consecuencia de “errores médicos”1. En efecto, ese año el Instituto de Medicina publicó el reporte Errar es humano (3) con esta increíble información, la cual sirvió, entre otras cosas, para despertar el interés por la calidad de los servicios de salud, tanto en ese país como en el resto del mundo.

La actual administración del Departamento de Boyacá asumió el reto de mejorar la eficiencia de las instituciones y la calidad en la prestación de los servicios de salud del departamento. En el primer caso, reestructuró su red pública, esto es, 19 de los 21 hospitales, y fusionó dos. Para mejorar la calidad en la prestación definió que la mejor estrategia era liderar la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Para implementar esta estrategia el Instituto de Salud de Boyacá, hoy Secretaría de Salud, aunó esfuerzos con la Fundación Corona, la Fundación Antonio Puerto y siete instituciones de la red pública del departamento, para implementar el Sistema Único de Acreditación y la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. Al finalizar esta experiencia lideró un segundo proyecto para otras doce instituciones. Ésta fue cofinanciada por los hospitales, la Fundación Antonio Puerto y la Cooperativa de Hospitales de Boyacá. En las dos experiencias el ejecutor fue el Centro de Gestión Hospitalaria (CGH). En la Tabla 1 se presentan las instituciones que participaron, respetando la estructura de la red de prestación del departamento.

Dentro de su misión de entregar informes periódicos para medir la gestión de las entidades del Distrito, y en este caso particular para el tema de la salud, la Veeduría Distrital entregó en el segundo semestre de 2006 la evaluación sobre el desempeño de los 22 hospitales del Distrito. Estos resultados serán tomados como línea de base para las futuras mediciones. Así es como para el año 2006 esta evaluación fue nuevamente efectuada y sus resultados se presentarán en el segundo trimestre del presente año.

Hace pocos años, el Hospital Civil de Ipiales tenía un futuro incierto. Su situación financiera era caótica, al punto que parecía que el único camino posible era su liquidación. La satisfacción de los pacientes con el servicio era muy baja y la comunidad ni lo apreciaba ni confiaba en él. Ante semejante escenario, la administración tenía que decidirse por uno de dos caminos. El primero, aceptar que todo estaba perdido, que el hospital era inviable, y proceder a su liquidación definitiva. El segundo, iniciar un proceso de salvamento para hacerlo viable, no por ayudas o subsidios gratuitos, sino por la implementación de cambios profundos, tanto culturales como de gestión, que condujeran a recuperar la confianza del público y, como consecuencia, a volverlo autosostenible.

La Ley 1122, aprobada por el Congreso de la República a finales de 2006 y sancionada por el presidente el 9 de enero de 2007, modifica el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), Ley 100 de 1993, teniendo como principal objeto realizar ajustes al SGSSS. Durante varios años, la discusión dentro del sector salud con relación al papel del Ministerio de la Protección Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y el Congreso se ha centrado en si éstos deben intervenir, regular o modular el SGSSS a efectos de definir aquellas transformaciones que se requieren para mejorar el acceso a los servicios, mantener la estabilidad financiera, estructurar redes de prestación de servicios y alcanzar la universalidad con equidad. En esta nueva Ley se ordena intervenir algunos temas, se abren los espacios para que terceros regulen y se ignora por completo ejercer la modulación del Sistema.