REVISTA VÍA SALUD Nº2 1997

Frente a la ley 100 que crea un sistema obligatorio de garantía de calidad y frente al decreto 2174 que lo organiza, han surgido en los diferentes actores del sector salud interrogantes sobre qué deben hacer y si las acciones planteadas son necesarias y/o suficientes para garantizar calidad. Así mismo, se hacen evidentes la confusión de términos, el desconocimiento sobre el tema y la necesidad de aprender sobre calidad. Como contribución a la búsqueda de respuestas analizaremos el decreto 2174.

La Administración por Políticas es el sistema gerencial que permite establecer, desplegar y controlar las metas fundamentales de la alta gerencia y los correspondientes medios para asegurar su logro en todos los niveles de la organización. Como elemento indispensable de un esquema de Control Total de Calidad, la Administración por Políticas garantiza el enfoque de la gestión hacia los objetivos críticos de la empresa y la alineación de las metas y prioridades de todas las áreas que participan en su ejecución. En este contexto, la palabra POLITICA representa un fin (qué) y uno o varios medios (cómos). El fin es la expresión específica de la meta prioritaria que se pretende lograr y debe tener un responsable, ser medible e indicar el plazo en que se debe alcanzar. Los medios son las estrategias para el logro del fin y deben representar una descripción clara de los procedimientos que hacen viable el objetivo de cara a los obstáculos que se oponen a su realización. La expresión original en japonés para referirse al sistema de Administración por Políticas es HOSHIN KANRI. El término “hoshin” proviene de dos palabras chinas: “ho,” que significa método, forma o manera, y “shin” que significa aguja brillante o brújula. La palabra japonesa “kanri” significa gerencia o control. En forma literal, la traducción de hoshin kanri al español debería ser “metodología para establecer, implantar y controlar el direccionamiento estratégico.” Quizás esta sería una mejor descripción del proceso y se prestaría menos a confusiones que la expresión “administración por políticas,” pero lo cierto es que esta última ya se utiliza ampliamente en Occidente y por esa razón hemos decidido emplearla en este documento.

¿Cómo son los precios de mis servicios en comparación con mis costos?¿Me sirven esos precios? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto debo facturar en un mes para no perder? ¿Cuánto más gano si aumento el precio de mis servicios? Estas son preguntas frecuentes para cualquier empresa o empresario, sin importar a qué sector pertenezca. Un consultorio tampoco se escapa a estos interrogantes, en él se ofrecen productos – las consultas – y en esta operación se incurre en una serie de costos. La diferencia entre los ingresos por la prestación de servicios y los costos se denomina utilidad. El término producto se refiere – desde el punto de vista de mercadeo – a la combinación de bienes y/o servicios que se le ofrece al mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisface una necesidad o deseo. Así los productos en salud pueden verse representados en algo físico – bienes –; por ejemplo unas gafas, o en servicios como por ejemplo una apendicectomía o la curación de una herida. Así la definición de cada uno de los productos lleva implícito un costo y una fijación de precio, pues cada producto se debe manejar como un ente independiente.

El 28 de noviembre de 1.996 el Minsalud expidió el decreto 2174 por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, que en líneas generales define de una manera global lo que debe ser la garantía de calidad y sus principios fundamentales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. El decreto es un gran avance y aunque salió un poco tarde (tres años después que la Ley) constituye un marco general de reglamentación y una directriz oficial de la importancia de trabajar el tema de la calidad.

Conforme a la ley 100 de 1993, en Colombia el nuevo papel del Estado en la salud ya no consiste en financiar la operación de los hospitales públicos, sino en comprar seguros de salud para la población pobre y regular los mercados del aseguramiento y de la prestación de servicios. La introducción de la figura del aseguramiento permitirá a la población pobre de Colombia remover el principal obstáculo que tiene para el acceso a la salud: los costos del servicio. (Molina, et al, en Vélez, 1996). Probablemente, éste será el más importante efecto de la reforma, y como tal, debiera ser el principal estímulo para implementarla.