REVISTA VÍA SALUD Nº13 2000

Como una invitación a reflexionar y a tener presente la complejidad de los fenómenos en el sector salud del país, se presenta este testimonio con el fin de contribuir en la búsqueda de caminos de solución y espacios de encuentro entre los actores del sistema y en especial con el usuario.

Según uno de los últimos reportes del Instituto de Medicina reducir una de las principales causas de muerte y lesión en los Estados Unidos –los errores médicos- requerirá de cambios rigurosos en el sistema de atención en salud, incluyendo sistemas obligatorios de información. Este reporte propone una estrategia integral para el gobierno, la industria, los consumidores y los proveedores de servicios de salud, con el fin de reducir los errores médicos. Adicionalmente, le pide al Congreso de los Estados Unidos que cree un centro nacional para la seguridad del paciente, y que se encargue del desarrollo de nuevas herramientas y sistemas necesarios para enfrentar los problemas persistentes. El costo humano de los errores médicos es alto. Con base en los hallazgos de un importante estudio, los errores médicos matan cerca de 44.000 personas en los hospitales de los Estados Unidos por año. Otro estudio calculó un número mucho más alto: 98.000 muertes al año. Aún utilizando el estimado más bajo, más personas están muriendo por errores médicos, que por accidentes en autopistas, por cáncer de seno o por SIDA.

Cada vez que un país se embarca en un cambio de fondo en sus políticas sociales, está haciendo un intento por responder y dar solución a los problemas e inequidades existentes. El objetivo primordial de un sistema de salud es identificar las necesidades y problemas de una población y tratar de darles la mejor solución posible. Sin embargo, con el correr de los años, en Colombia ese fin último y se ha desdibujado llevando a que otros objetivos obstaculicen la consecución del fin original y esencial. Muchas instituciones de salud tácitamente han definido a sus pagadores y a sus profesionales como los clientes fundamentales de su quehacer. Ello se hace evidente en el hecho de que su organización y sus procesos de atención se definen respondiendo a necesidades de ellos, independientemente de las dificultades de acceso o de trámites que esto represente para los usuarios.

Antes de iniciar el análisis del proyecto en sí mismo, es pertinente hacer unos breves comentarios sobre los posibles motivadores del mismo. Al parecer, estos se centran en los problemas que han surgido con el nuevo ordenamiento jurídico y orgánico del sector salud en la vigilancia y control de los eventos de salud pública, en el mantenimiento y mejoramiento de indicadores de salud, en el control de problemas de salud específicos de particular interés en salud pública asociados con el manejo de programas especiales (antes centralizados en el Ministerio de Salud) y en el recrudecimiento de los mismos.

El análisis de costos es indudablemente una de las funciones más importantes de la gerencia. Históricamente, y a medida que la competencia se ha hecho más difícil, se han ido necesitando sistemas de información y de gestión más desarrollados que permitan generar información más elaborada e integral. La contabilidad de costos ha seguido igualmente esta dirección. Inicialmente el cálculo de los costos era elemental en la medida en que los márgenes eran altos y la competencia baja.

Es un hecho incontrovertible que durante el último lustro de la década de los noventa reaparecieron diversas entidades relacionadas con la salud pública, que el país ya tenía casi controladas. La tuberculosis reapareció con una fuerza inesperada, los casos de malaria y dengue que el país venía controlando volvieron a dispararse, por no hablar de la reaparición de rabia animal y humana, y del exagerado número de nuevos casos de sarampión por no vacunación. En la tabla 1 se puede observar el número de casos observados y reportados por las secretarías departamentales durante el año de 1999. Hernán Málaga, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, sostiene que existe un claro deterioro en las coberturas de vacunación antipoliomielítica en relación con la población con necesidades básicas insatisfechas.